A partir de hoy 14 de noviembre todos los hogares están obligados a contar con una evaluación de los riesgos laborales a los que se enfrentan las personas que tengan empleadas en su hogar (en tareas de limpieza, cuidados o jardinería, etc.) y recopilar un listado de medidas a adoptar para evitarlos o minimizarlos.
Estos son los pasos que tienen que seguir las familias para realizar este trámite a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Trabajo, a través de la siguiente página web: Prevencion10.es.
Dentro de la web, los hogares tienen que dirigirse al espacio EVALUA-T, dirigido a los empleadores, en el que podrán completar un cuestionario de evaluación para el servicio del hogar familiar una vez se hayan registrado como usuarios o accediendo como invitados. Se trata de un documento de unas 50 páginas, en el que las familias tendrán que detallar cuántas personas tienen empleadas y en qué funciones, para después valorar a qué riesgos pueden estar expuestos y concretar qué medidas proponen adoptar, en que plazo y quién es el responsable de hacerlo.
Este cuestionario incide en los riesgos relacionados con las instalaciones eléctricas o los equipos de gas, los atrapamientos, la falta de iluminación, asfixia, contacto con las mascotas del hogar, manejo de cargas o accidentes de tráfico, el uso del mobiliario, quemaduras, entre otras cuestiones. Los hogares deberán contestar en la casilla de 'Adoptada' sobre cada una de las posibles medidas con un 'Sí', 'No' o 'NP' (no procede).
En el caso de que se responda con un 'No', se debe planificar la corrección de este incumplimiento. Ministerio de Trabajo recomienda un periodo de 5 meses para las medidas categorizadas con una prioridad baja (como la realización de pausas para estirar y relajar los músculos), de dos meses en los casos de prioridad media (una iluminación suficiente para hacer la actividad de forma cómoda) o cuanto antes si se estima como de alta prioridad (evitar la obtención de imágenes o grabaciones sin el consentimiento de las personas que aparezcan en ellas).
Una vez recopilada esta información, se genera un documento PDF que los hogares deberán guardar para ponerlo a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si lo solicita. Sin embargo, no es necesario que se entregue ante ningún organismo público, solo cumplir con la obligación de haberse dotado de esta evaluación de riesgos y un plan de medidas preventivas para reducirlos.
El empleador tendrá que hacer una evaluación inicial de los riesgos para la salud y la seguridad del trabajador que deberá actualizar cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo o haya tenido lugar algún daño. Este deberá encargarse de entregar una copia de la evaluación a cada trabajador e informar del conjunto de riesgos al que puede estar expuesto. La familia, si lo prefiere, también podrá contratar a un servicio privado para que lleve a cabo esta labor de prevención.
El incumplimiento de esta nueva obligación conllevará multas de 2.451 euros que podrían elevarse a entre 24.000 y 49.000 euros, si existieran agravantes de la sanción, según las fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Por todo ello, se recomienda que se adapten las medidas oportunas y se realice esta evaluación de riesgos, con el objetivo de tener una actividad segura y de acuerdo a ley.
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